La investigación comenzó tras encontrar dos pendrives con contenido ilegal en el Complejo Penitenciario N° 1, los cuales contenían videos grabados con una cámara oculta en una vivienda. Los involucrados son el agente penitenciario y las víctimas identificadas como su hija y la hermana de su pareja.
La Fiscalía solicitó prisión preventiva al considerar la gravedad del caso, ya que se trata de material de producción local con pruebas directas de agresiones sexuales. La jueza Lazarte Otero valoró la situación de vulnerabilidad de las víctimas, la capacidad del acusado para alterar pruebas y la necesidad de asegurar una investigación eficaz.
La defensa solicitó prisión domiciliaria, pero la jueza consideró que la medida preventiva era la única efectiva para proteger a las víctimas y neutralizar riesgos procesales.
Con info e imagen de El Chorrillero.
