El viernes se llevó a cabo la tercera audiencia del debate oral sobre la corrupción imputada al ex ministro de Seguridad, Claudio Latini. Los analistas Yago Gómez y Marcelo Logegaray presentaron pruebas que demostraban cómo una camioneta policial trasladó bienes desde el Ministerio de Seguridad hasta la casa del ex funcionario en Juana Koslay.
Los registros de las cámaras de seguridad confirman el día, la hora y el recorrido que realizó la Ford Ranger AF718UP. Este vehículo fue visto dirigiéndose a Juana Koslay, lugar que corresponde a la residencia del ex ministro según los informes presentados en la audiencia.
En dicha reunión, Latini llegó al tribunal aproximadamente a las 9:50, llegando sobre la hora como era costumbre. Su intención parecía ser evitar la prensa, ya que anteriormente ingresaba por la entrada de calle Colón; esta vez utilizó el acceso por Rivadavia.
Los peritos detallaron que la camioneta regresó a Terrazas del Portezuelo con los bienes y volvió al Departamento de Tránsito, trayendo sillas y otros muebles. Todo ello tenía destino a esa dependencia. El mismo día, Jonathan Barrera y Miguel Ángel Morales afirmaron haber recibido órdenes directas del ministro para realizar estos traslados.
El comisario Sergio Omar Muñoz corroboró estos testimonios al presentar el libro de guardia donde quedaban registradas las salidas y entradas de la unidad policial. Según él, Latini ordenó que se llevaran los bienes en nombre del Ministerio hasta su casa personal.
La audiencia continuará próximamente; sin embargo, no se ha confirmado aún una nueva fecha para el debate. Los jueces Eugenia Zabala Chacur, Fernando De Viana y Hugo Saa Petrino señalarán al Colegio de Jueces la próxima jornada.
El hecho surgió tras la denuncia presentada por la sucesora de Latini, Nancy Sosa, quien alertó sobre el daño y sustracción de bienes del Ministerio. Según el fiscal Ricardo Barbeito, el ex ministro ordenó que se llevaran objetos como una cafetera Nescafé, un sofá Mónaco Stone y televisores Hisense, entre otros.
El tribunal aceptó la acusación en febrero y solicitó penas que van desde 2 años y 6 meses de prisión a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con info e imagen de El Chorrillero.
